La subcomisión Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos ha aprobado en particular las normas relacionadas con el Poder Judicial, la Corte Constitucional y otros órganos autónomos. Se han realizado enmiendas que han sido denominadas como «unidad de propósitos» y que han sido aprobadas por unanimidad.
En relación al Poder Judicial, se ha establecido que la función de conocer y resolver conflictos de relevancia jurídica y ejecutar lo juzgado recae exclusivamente en los jueces de los tribunales establecidos por ley. Se ha incluido una enmienda que establece que los jueces deben sujetarse a la Constitución ya la ley, sin ejercer potestades de otros poderes públicos. Además, se establece que las sentencias de tribunales internacionales de derechos humanos contra el Estado de Chile serán cumplidas de acuerdo con lo establecido por ley.
La Corte Suprema será el máximo órgano jurisdiccional del Poder Judicial y estará compuesta por 21 ministros. Representará a los tribunales de justicia ante los demás poderes del Estado.
En cuanto a la gobernanza del Poder Judicial, se establece la existencia de órganos autónomos encargados de los nombramientos, facultades disciplinarias, formación y perfeccionamiento de jueces y funcionarios, así como de la gestión y administración del Poder Judicial. Cada órgano funcionará de manera separada y coordinada. Los miembros de los cuerpos directivos de los órganos autónomos tendrán un mandato de cuatro años y podrán ser reelegidos una vez, excepto en el órgano encargado de los nombramientos judiciales.
Se ha creado un órgano autónomo que velará por el correcto actuar de los jueces, funcionarios y otras personas relacionadas con la administración de justicia. Este órgano estará integrado por fiscales judiciales y contará con un Consejo Directivo presidido por el Fiscal Judicial de la Corte Suprema.
La Corte Constitucional, antes conocida como Tribunal Constitucional, estará compuesta por nueve miembros, quienes durarán nueve años en sus cargos y se renovarán de manera escalonada. Los integrantes deberán tener al menos quince años de experiencia como abogados y demostrar competencia e idoneidad profesional o académica en el ámbito de sus funciones.
Además de estas modificaciones, se han abordado los capítulos relacionados con el Ministerio Público, Justicia Electoral, Servicio Electoral, Contraloría General de la República y Banco Central.
Las enmiendas aprobadas seguirán su tramitación en el pleno de la Comisión Experta a partir de la próxima semana.