Abordando la forma en que debieran considerarse los principios y derechos constitucionales en la propuesta constitucional, expusieron en la subcomisión Principios, Derechos Civiles y Políticos, la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, el Obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, en representación de la Agrupación de Confesiones Religiosas en Chile, Mauricio Hernández, Director Jurídico Fundación Iguales y Domingo Namuncura e Iván Alejandro Cheuquelaf, de la Comisión de Expertos en Derechos Indígenas.
Patricia Muñoz expuso que, dentro de una variedad de factores, se podrían explicar las vulneraciones de las que han sido víctimas niños, niñas y adolescentes, debido a la invisibilización que ha producido la ausencia de reconocimiento de la niñez y adolescencia en el ámbito constitucional, donde no se les reconoce como sujetos de derecho y grupo de especial protección.
“Hay ciertas definiciones en que el Estado, hace más de 30 años, asumió como un compromiso país, en particular con la niñez y la adolescencia, cambiando el paradigma de lo tutelar a la protección integral. El elemento central del desafío que se tiene en esta comisión es la prohibición de regresividad, al igual que, asegurar, desde la lógica de la norma constitucional, el valor del sistema de garantías de la niñez y adolescencia”, detalló la Defensora de la Niñez.
El exdirector de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y exembajador, Domingo Namuncura, presentó los alcances de las obligaciones del país, tanto nacionales como internacionales.
“Durante el examen de la actual propuesta, las referencias a los pueblos indígenas son tres, en un total de 198 artículos. En este nuevo borrador se podría estar instalando una perspectiva minimalista de los derechos indígenas. Proponemos mejorar tales aspectos y, como hemos dicho, tomando en cuenta de manera efectiva los compromisos ya asumidos por el Estado”, detalló Namuncura.
Además, el personero indicó que el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas requiere una especial consideración de la Comisión Experta, teniendo como principio y mecanismo de reflexión la existencia en el país de la ley 19.253, de octubre de 1993 y el convenio 169 de la OIT, el que fue ratificado por el Congreso Nacional en marzo de 2008.
Namuncura agregó que “se trata de instrumentos legales, reconocidos por el estado nacional y que establecen un conjunto de derechos fundamentales para los pueblos indígenas. Excluir a los pueblos indígenas es una fuente de conflicto para el futuro”.
“El nuevo texto constitucional no puede ser menos, cualitativamente, que la suma de todos estos compromisos de Estado. El reconocimiento es una base para construir”, expuso el ex diplomático.
El Director Jurídico de Fundación Iguales, Mauricio Henríquez, abordó la importancia de la igualdad y no discriminación, como principio esencial que debe ser reconocido en el texto constitucional. “Es esencial que, en la nueva constitución, se reconozca el principio de inclusión y no discriminación. Una discriminación que vaya más allá de lo punitivo, que se haga cargo de la prevención, la protección y la investigación de la no discriminación”.
“No podemos seguir en esta lógica que alguien muera para que se legisle. No más leyes con nombre”, sentenció Hernández.
Juan Ignacio González, en representación de la Agrupación de Confesiones Religiosas en Chile, manifestó la importancia y desafíos que representa la redacción de un nuevo texto constitucional para los diferentes credos.
“La libertad religiosa, de conciencia y sus consecuencias en la carta fundamental, son la base de una verdadera democracia” y, agregó, “no estamos defendiendo convicciones religiosas, en el sentido estricto, sino que, para la nación, para todos los países, el hecho religioso constituye un factor social relevante que tiene que ser considerado”, concluyó González.