Según informe de la Cámara Chilena de la Construcción: CHILE DEBERÁ INVERTIR US $177.000 MILLONES DURANTE LA PRÓXIMA DÉCADA PARA HACERSE CARGO DE LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA

El Informe Infraestructura para el Desarrollo Sostenible (IDS) 2022-2031
analiza las necesidades en 12 áreas estratégicas para mejorar la calidad de
vida de las personas y las comunidades e impulsar el desarrollo sostenible del
país.
De acuerdo a las estimaciones realizadas, el 40% del financiamiento debería
proceder del Estado, a través de la ley de presupuesto, mientras que un 27%
podría ser abordado a través del modelo de alianza público-privada. 

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) presentó este
lunes su informe Infraestructura para el Desarrollo Sostenible (ex ICD), una
contribución que el gremio hace desde el año 2002 a las políticas públicas en
este ámbito, el que es crucial para elevar la calidad de vida de las personas y las
comunidades y para el desarrollo sostenible del país.
El informe se elabora cada cuatro años y establece un estado deseado para
cada una de las 12 áreas estratégicas de la infraestructura que analiza y, sobre
esta base, determina las brechas que deben ser cerradas y las inversiones
necesarias para que ello ocurra en el plazo de una década.
En esta versión, el estudio concluye que durante el período 2022-2031 se
debiera invertir un total de US$ 177.517 millones. El 40% tendría que ser
financiada con recursos públicos; el 33%, con recursos privados (incluyendo las
inversiones de las empresas autónomas del Estado) y el 27% se podría ejecutar
bajo el modelo de alianza público-privada.
“El informe nos muestra las prioridades que deben ser abordadas para satisfacer
necesidades y crear nuevas oportunidades para los chilenos. Y, además, tal
como en versiones anteriores, vuelve a dejar en evidencia que la mejor forma de
responder a los desafíos que tenemos en materia de infraestructura, y en
general como país, es mediante la colaboración público-privada”, señaló Antonio
Errázuriz, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción.
Realizado en conjunto de consultores externos y la Gerencia de Estudios de la
CChC, bajo la supervisión de la Comisión de Infraestructura del gremio, el
documento analiza tres áreas: Infraestructura basal, que considera recursos
hídricos, energía y telecomunicaciones; Infraestructura productiva, que analiza
vialidad urbana e interurbana, aeropuertos, puertos, ferrocarriles y logística; e
Infraestructura de uso social, que incluye hospitales, cárceles y educación.

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Según el IDS, las mayores necesidades de inversión se registran en las áreas
de vialidad urbana y espacios públicos (US$ 55.918 millones), seguidas vialidad
interurbana (US$ 28.013 millones) y telecomunicaciones (US$ 27.809 millones). 

RESUMEN POR ÁREAS / PERÍODO 2022-2031
Recursos hídricos: Estamos sufriendo la peor sequía de nuestra historia: 12
años consecutivos, en los que las precipitaciones han disminuido en un rango de
60%-85% respecto de un “año normal”, por lo que se deben invertir US$ 12.342
millones principalmente para satisfacer necesidades relacionadas con
disponibilidad de agua potable, saneamiento, tratamiento de agua grises y
servidas, protección contra inundaciones y aluviones y para el funcionamiento de
una red de monitoreo hidrogeológico.
Energía: Chile es considerado el país más atractivo del mundo para el
desarrollo de energías limpias y que podría llegar a producir hidrógeno verde al
precio más competitivo a nivel mundial. Así, es posible llegar a ser
carbononeutral al año 2050, pero para que esta transición no ponga en riesgo el
suministro eléctrico, se deben concretas las inversiones previstas, por US$
11.525 millones.
Vialidad urbana: La crisis climática, la congestión en las ciudades y los nuevos
estándares ciudadanos exigen el desarrollo de ciudades sostenibles y
cohesionadas. Para eso se debe construir infraestructura que fomente viajes
eficientes, accesibles, seguros y saludables, con énfasis en el transporte público,
requiriendo una inversión de US$ 54.864 millones. Adicionalmente, se estima
que la inversión en espacios públicos demandará otros US$ 1.054 millones.
Educación: Algunos objetivos a los que debiera aspirar la infraestructura
educacional es a contar con salas con un estándar de 2 m 2 de superficie por
alumno y aulas suficientes para permitir la universalización de la Jornada
Escolar Completa. Si a ello se suma la necesidad de construir, rehabilitar y
reparar espacios comunes, la inversión requerida asciende a US$ 15.105
millones. 
Aeropuertos: Tras una década de crecimiento anual de 10% en el número de
pasajeros nacionales e internacionales, la pandemia provocó un desplome de la
demanda. Sin embargo, esta situación tarde o temprano se revertirá, a lo que
hay que agregar que un número importante de aeropuertos de regiones ya
tienen superada su capacidad en las áreas de pasajeros. La inversión necesaria
en el período 2022-2031 se estima de US$ 2.256 millones. 

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Hospitales: Las necesidades en infraestructura hospitalaria están impulsadas
por el envejecimiento de la población y el incremento de las patologías
oncológicas. Además, se debiera apuntar a aumentar la relación de camas
hospitalarias por habitantes, que hoy es de 2 camas por cada 1.000 habitantes.
Un importante aliado para alcanzar este objetivo son los hospitales que se
construyen bajo el modelo de alianza público-privada. La inversión total
requerida es de US$ 11.986 millones.
Telecomunicaciones: Chile tiene altos niveles de penetración de internet móvil
(casi uno a uno), pero debe mejorar en conectividad fija. El despliegue de la fibra
óptica y de las redes de quinta generación (5G) permitirá reducir la brecha que
hoy existe en cuanto a cobertura y calidad del servicio. La inversión requerida en
esta área es de US$ 27.809 millones. 
Vialidad interurbana: La vialidad interurbana permite mejorar la calidad de vida
de las personas, reduciendo el aislamiento de comunidades y facilitando acceso
a más oportunidades. En la próxima década deberán potenciarse avances
tecnológicos, como la incorporación de sistemas de cobro tipo free flow para un
mayor conocimiento de los flujos e invertir en construcción de autopistas y en
operación y mantención de las existentes, requiriéndose una inversión de US$
28.013 millones.
Ferrocarriles: La necesidad de inversión en materia de ferrocarriles debiera
aumentar en los próximos años, especialmente en la zona central, producto del
incremento que se espera que registre la carga transferida por los puertos y
también por un mayor transporte de pasajeros, el cual ha aumentado por la
inclusión de nuevos servicios. La inversión estimada en esta área es de US$
4.520 millones. 
Puertos: El tamaño de las naves, nuevas tecnologías y la disrupción en las
cadenas logísticas son factores que, junto con el cambio climático, están
influyendo en el sector, en el cual se debiera invertir con sentido de urgencia, por
los extensos plazos de ejecución de los proyectos y su relevancia para mejorar
la competitividad y productividad del país. Especialmente necesario es el Puerto
de Gran Escala en San Antonio. La inversión total estimada es de US$ 4.224
millones. 
Logística: El análisis de la infraestructura logística considera las necesidades
asociadas al mejoramiento de la eficiencia en el tratamiento de carga y las
transiciones entre medios de transporte, siguiendo la cadena de valor de las
mercancías, desde el origen hasta su destino final, además de la
implementación de tecnologías de digitalización en los distintos modos
involucrados: transporte en camión, ferroviario, marítimo y aéreo. La inversión
necesaria es de US$ 1.603 millones.  

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Cárceles: El sistema penitenciario cuenta con 41.762 plazas, lo que representa
un aumento de 3,5% respecto del informe anterior. La ocupación promedio es de
casi 94%, aunque en algunos recintos llega a 133% y los proyectos actualmente
en construcción aportarán 14.117 plazas. El principal desafío es ofrecer más
dignidad a los reclusos e impulsar su reinserción social y laboral. Para esto, la
inversión requerida es de US$ 1.476 millones. Por otra parte, una primera
aproximación en materia de infraestructura judicial permite identificar una
inversión estimada de US$ 740 millones.

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